El Centro de Investigación y Seguridad Nacional autorizó que los indocumentados fueran interrogados por el FBI |
En el afán de ayudar a que Estados Unidos siga la pista del terrorismo internacional, Felipe Calderón autorizó a la policía norteamericana interrogar directamente a los miles de indocumentados (la mayoría centroamericanos que son secuestrados por sicarios o estafados por los coyotes) detenidos en México, según los documentos del Departamento de Estado dados por Wikileaks y publicados por El País.
Los cables de los diplomáticos norteamericanos revelan que el CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional) autorizó que los indocumentados fueran interrogados por el FBI y otras agencias de seguridad a requerimiento de las autoridades norteamericanas, obsesionadas con la posibilidad de que el terrorismo internacional aproveche la porosidad de la frontera para atacar Estados Unidos.
Según los documentos, los cuerpos de seguridad norteamericanos implicados en lucha antiterrorista consideran anárquico el funcionamiento de los servicios de inteligencia mexicanos y se muestran irritados por la corrupción institucional. "En lugar de concentrar a los detenidos [inmigrantes indocumentados] en una instalación cerca de la capital, las autoridades migratorias detienen y liberan a los detenidos en el mismo lugar donde los encontraron", lamenta la Embajada en un informe enviado al subdirector del FBI (Oficina Federal de Investigación) John S. Pistole poco antes de su viaje a México en 2008.
Las quejas norteamericanas sobre irresponsabilidad policial: "El CISEN, que es nuestro principal interlocutor en la lucha antiterrorista, ha permitido a funcionarios del Gobierno de Estados Unidos entrevistar a los extranjeros detenidos en los diferentes centros de detención desplegados por todo el país para recabar potencial información sobre terrorismo". Estados Unidos considera que la extensión de su frontera sur con México y el escaso control policial ejercido por la policía mexicana sobre el intenso cruce de personas y mercancías lo convierte en un país adecuado para los grupos terroristas dispuestos a lanzar un ataque contra su territorio.
"Un caos rampante, la generalizada corrupción y la incapacidad del Gobierno para combatir esos fenómenos han sido percibidos como unas preocupantes amenazas por quienes buscan en nuestra frontera sur signos de potencial infiltración terrorista", comunicó la Embajada al subdirector del FBI.
Y pese a que Calderón ha desplegado más de 40.000 soldados (que ha causado la muerte de más de 15 000 personas), ofensiva contra el delito organizado que desencadenó "violentas luchas dentro de los carteles, así como ataques a los cuerpos de seguridad y un número récord de muertes relacionadas con el narcotráfico", esto no es suficiente para Estados Unidos que considera que el gobierno mexicano "tiene otra mirada" respecto a los asuntos de seguridad que interesan a Estados Unidos.
Corrupción en la policía
El embajador en México, Carlos Pascual, alertó sobre el pobre aprovechamiento de los servicios de inteligencia mexicanos, en un informe de noviembre de 2009 remitido al Departamento de Estado. Cita la desconfianza, los celos y la rivalidad entre los diferentes aparatos de inteligencia nacionales como sus principales vicios: "En una reciente entrevista con funcionarios de la Embajada, el Secretario [ministro] de Defensa, Guillermo Galván, demostró escaso interés en reforzar la cooperación con otras agencias".
Las filtraciones de policías corruptos sobre operaciones en marcha y el subdesarrollo del espionaje nacional son mencionados como causa de muchos fracasos. El delito organizado dispone de informantes dentro de los propios organismos de seguridad. "La desconfianza entre (y dentro) de las instituciones del Gobierno mexicano", es uno de los principales problemas, ha subrayado el cable de Pascual.
La SEDENA, por ejemplo, ha constituido unidades de inteligencia sobre los capos de la droga con información y análisis que no comparte con los destacamentos castrenses establecidos sobre el terreno en Ciudad Juárez y otras poblaciones. Los pelotones locales suelen actuar avisados por algún chivatazo, sin servicios de inteligencia profesionalizados, y se acercan al lugar señalado prácticamente a ciegas. Las unidades de inteligencia del Ejército sospechan que comandantes domiciliados en los feudos de las mafias sirven a los narcos a cambio de fuertes sumas.
Tres meses después del envío al Departamento de Estado del informe diplomático sobre el anárquico funcionamiento de los servicios de inteligencia, Felipe Calderón solicitó ayuda a la secretaria de Seguridad Interior norteamericana, Janet Napolitano, para poner orden en Ciudad Juárez.
Calderón pidió la entrada del Centro de Inteligencia de El Paso (EPIC). Napolitano respondió que el EPIC podía identificar los objetivos, pero el despliegue militar y policial, "capaz de supervisar todos los bloques de viviendas" debía corresponder a México. Durante esa reunión, el presidente reconoció que el cartel de Juárez controlaba la ciudad, pero el cartel de Sinaloa llegó más tarde reclamando su parte, lo que condujo a cruentos choques entre las bandas y al reclutamiento de sicarios.
En uno de los cables Calderón dijo a tres legisladores norteamericanos que está convencido de que los carteles mexicanos "tienen poderosos lazos en Estados Unidos, y un día podrían llegar a usar las agresivas técnicas de aquí contra la policía norteamericana, a menos de que [México y EU] triunfen en la lucha común contra el delito".
Con información de El País
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