¿Quién permitió la manipulación del cadáver de Arturo Beltrán Leiva?

El Barbas, los saldos de Medina y el futuro de la PGR

Por Carlos Puig en Milenio

La suerte del Arturo Beltrán Leyva, El Botas Blancas o El Barbas, se empezó a agotar hace casi un año cuando Noé Ramírez Mandujano fue detenido.

Ramírez Mandujano había sido el subprocurador de Investigaciones Especializadas en Delincuencia Organizada de Eduardo Medina Mora. Encargado desde la PGR de la lucha contra el narcotráfico. Semanas antes del arresto de Ramírez Mandujano, habían sido detenidos sus cuatro subalternos.

Todos, según la acusación en su contra, colaboraban con la organización de Beltrán Leyva. Información que ya se ha publicado en este espacio, verificada con fuentes militares, comprueba que, por lo menos ocho meses antes de su detención, la Secretaría de la Defensa había informado al Presidente de su sospecha de que Ramírez Mandujano estaba cooptado por los Beltrán. A pesar de eso, obsesionado con su particular guerra con Genaro García Luna, Medina Mora se había resistido a, por lo menos, mover a Ramírez Mandujano de lugar.

Las consecuencias fueron nefastas. Para empezar, los militares dejaron de compartir información sensible con la SIEDO, cosa que ya sucedía entre la SSP y la PGR. Durante meses no sólo se vivió una guerra de filtraciones periodísticas y golpes bajos burocráticos, sino que se dejó seguir operando a lo que en los hechos era una red de protección de alto nivel del Barbas.

El asunto de Ramírez Mandujano terminó para efectos prácticos con la ascendencia de Medina Mora en la guerra contra el narco y destrozó operativamente a la SIEDO. Antes, la decisión del Presidente (hoy parcialmente revertida), de dar gusto a Genaro García Luna concentrando bajo su mando todas las policías, ya había debilitado al Ministerio Público. Para efectos prácticos, la procuraduría se quedó como una especie de oficialía de partes en que se procesaban las acciones de la Policía Federal y el Ejército.

En la guerra contra el narco, la procuraduría ya no participaba.

Y si alguien dudaba que esto era una guerra, basta mirar el operativo en Cuernavaca recordando la Constitución y las leyes mexicanas. ¿Dónde estaba el Ministerio Público? ¿A qué orden de aprehensión correspondió el operativo? ¿A qué orden de cateo? ¿A quién avisó la Marina? ¿A la PGR? ¿A Los Pinos? ¿A Gobernación? ¿A nadie? ¿Ya se mandan solos? ¿Las fuerzas armadas actuando sin supervisión minuciosa del gobierno? ¿Qué hacemos respecto a Ignacio Aguilar, comerciante de tortillas de Cuernavaca, muerto en el operativo? ¿Daño colateral? ¿Cómo se juzga? ¿Qué hace la PGR, la justicia, al respecto?

El operativo de Morelos camina en sentido contrario al objetivo final planteado por el presidente Calderón: lograr un país en el que impere el Estado de derecho. Ése se suspendió en Cuernavaca.
No queda más que una profunda reestructuración de la procuraduría, el único instrumento no policiaco que debería controlar esta guerra loca, violenta y sin mucho rumbo.

El nuevo procurador ha comenzado su gestión con nombramientos interesantes, no exentos de polémica, como el de Wilfredo Robledo, y ha ordenado el cambio de algunas formas de operación que le permitan rescatar de la ruina el orgullo de la otrora poderosísima PGR. Tardará. Tal vez años.

Por lo pronto, mientras silencioso lleva a cabo esa labor de reconstrucción institucional, el procurador podría mostrar que al menos tiene la voluntad política de terminar con el espíritu de su antecesor. Dos casos se le presentan en los próximos días.

El primero: Alberta Alcántara y Teresa González siguen en la cárcel. Las dos mujeres están acusadas, como lo estuvo Jacinta Francisco Marcial, del secuestro de seis agentes de la AFI. La acusación es igual de absurda, llena de venganza y de irregularidades, como lo admitió la misma PGR en el caso de Jacinta. La necedad de la anterior administración logró que la administración de Calderón tuviera en su haber una presa de conciencia en Jacinta. Pronto serán dos más. Una revisión del expediente de parte del procurador Chávez será suficiente.

El segundo: Medina Mora se empeño en hacer a la institución más opaca de lo que ya era. Lo hizo acudiendo a los tribunales y cabildeando en el Congreso. Logró que contra el IFAI y el espíritu de la transparencia, las averiguaciones previas que han causado “estado” sean públicas. Desde ayer, el nuevo procurador tiene una oportunidad para sacudir el estigma.

Continúa...