Por Pablo Ordaz
La frontera de México con Guatemala es un territorio salvaje donde narcotraficantes y contrabandistas de armas y personas campan por sus respetos, las avionetas cargadas con cocaína aterrizan a plena luz del día, la policía es ineficaz o corrupta y la población, abandonada secularmente por el Estado, ha decidido aceptar la protección de grupos criminales tan poderosos como Los Zetas.
Una serie de cables muy minuciosos, elaborados sobre el terreno por diplomáticos de Estados Unidos destinados en México y Guatemala, constatan que ninguno de estos dos países "trabaja seriamente para que se cumpla la ley" y que, mientras los 3.000 kilómetros de frontera entre Estados Unidos y México son vigilados por 30.000 agentes estadounidenses (10 funcionarios por kilómetro), México solo cuenta con 125 agentes para los 1.000 kilómetros de la frontera sur (un policía cada ocho kilómetros). Hay una palabra que utilizan los diplomáticos estadounidenses para describir la situación de la "porosa" frontera: "Dramática".
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Con información de El País
Estados Unidos exige más seguridad en la frontera México-Guatemala
Lo que cabe aquí cuestionarse es el gran número de agentes estadounidenses en México, 30 000 dispersos por la frontera norteña, quienes seguramente forman parte de la ayuda que Estados Unidos nos envía a través de la Iniciativa Mérida. Es claro que Estados Unidos mantiene vigilada la frontera entre Guatemala, México y Belice de forma "minuciosa", y que a los gringos les preocupa el tráfico de armas, como si ellos no fueran quienes las suministran a diestra y siniestra entre los gobiernos y hasta capos.
Para Estados Unidos, la acciones de Guatemala y México contra el crimen organizado y el tráfico de inmigrantes son insuficientes, porque las leyes son endebles o no existen: "Unfortunately, our visit to three border crossings between Guatemala and Mexico in Chiapas revealed neither country presently works seriously to enforce these laws". Y esto se debe a que México no cuenta con "la mano de obra calificada ni los recursos para el registro de inmigrantes centroamericanos".
Estados Unidos quizá trata de justificar la entrada de más ayuda (militar, logistica, equipos de inspección) a nuestro país, ayuda que pueda registar los movimientos de cualquier ciudadano o inmigrante sospechoso de ser delincuente o terrorista. En el cable también se expresa: "The border officials made every attempt to illustrate a secure border crossing, but their explanations highlighted serious procedural inconsistencies that undermine effective controls. While border officials inspect 100 percent of the individuals and cars crossing the bridge legally, the data collected is stored in a local database that is not connected to federal or international criminal databases".
Para Estados Unidos urge que México incorpore más tecnología para un mejor control fronterizo, que los funcionarios tanto mexicanos como guatemaltecos no duden en colocar esos dispositivos de manera formal porque existe una gran "necesidad de explorar mecanismos para mejorar el intercambio de información con socios internacionales o internos".
El cable afirma: "While officials displayed an impressive array of non-intrusive inspection equipment, e.g., hand-held spectrometers for the identification of drugs and explosives and gamma-ray inspection equipment for large containers, these devices are not incorporated effectively into border control protocols. Border officials were inconsistent in using their inspection equipment to check the cabs of trucks and there is no revealed coordinated approach between Mexico and Guatemala to share information that would reduce crossing times and avoid duplicative inspections, as, for example, is being done at certain places in the Mexican-U.S. border".
La última parte del cable refiere a la informacíon e intercambio de inteligencia entre la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), la Secretaría de Marina (SEMAR), la Oficina de la Procuraduría General (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), donde se achaca la falta de coordinación entre los gobiernos federal y los funcionarios del Estado al recibir una queja del gobierno estatal de Chiapas donde se argumentaba que dicho estado no recibe ninguna información de las autoridades federales y no tiene entrada o visibilidad en el proceso federal, en donde se reconoce una percepción común de la corrupción a nivel estatal, así como una difusión insuficiente de información procesable y mecanismos formales para el intercambio de información recopilada.
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